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Dualidad política estatal y europea

De nuevo tenemos otro buen ejemplo de la dualidad política entre lo que dicen y hacen los políticos dentro de España y lo que hacen y dicen en Europa. Me refiero al infame Informe Gallo que está en tramites de ser aprobado en el parlamento europeo.
Tal informe viene a adoptar las premisas del tratado ACTA, defendiendo las ideas del copytright para colocarlas por encima de los derechos humanos fundamentales. Si bien el parlamento europeo ya rechazó las premisas de ACTA en una anterior votación, con este informe se pretende tomar de nuevo como base sus premisas, para así una vez aprobado el informe Gallo ser tomado como base para nuevos votaciones con temas relacionados con el copyright, patentes, restricciones de derechos y demás temas relacionados con la propiedad intelectual.

Pues bien lo curioso del asunto, es que dentro de España las posturas son que el PSOE y el gobierno apoyan abiertamente tales medidas restrictivas de los derechos, de apoyo al tratado Acta y de la defensa a ultranza de la mal llamada propiedad intelectual por encima de cualquier derecho fundamental, y como ejemplo de esta postura está la tramitación de la ley de economía sostenible LES y en particular la disposición adicional segunda con la comisión censora que pretende implantar.

Pero por otro lado el partido socialista europeo PSE, gracias en parte al poder de convicción de la eurodiputada Françoise Castex, rechazan el informe Gallo por poner al mismo nivel las acciones en internet con animo de lucro que las que no lo tienen para así poder criminalizar las acciones de millones de internautas.

Sin embargo la postura de PP en España es abiertamente en contra de la ley de economía sostenible LES y particularmente también en contra de las medidas que suponen la persecución de las páginas de enlaces y la censura que se quiere implantar mediante la sección segunda de la comisión de la propiedad intelectual del ministerio de cultura.

Pero a la vez en Europa el partido popular europeo PPE, partido que tiene la mayoría del parlamento europeo, es el impulsor de dicho informe Gallo, y se posicionan en las directrices marcadas por el tratado ACTA, la defensa férrea de la propiedad intelectual y la criminalización de los internautas.

Todo esto hace pensar cómo de sinceras son las posturas de unos y de otros cuando ambas son totalmente incoherentes según que ámbitos. En general parece que los que tienen el poder en las manos son los que van de la mano de la industria que se lucra a costa de la cultura mientras que los que están en la oposición se sienten mas libres de separarse de sus posturas para así recibir mas apoyo del electorado para los próximos comicios. De cualquier forma parece que así siempre el ciudadano tiene todas las de perder y la industria todas las de ganar, ya que este quien este en la posición de poder tomará como suyas las ideas de dicha industria y dejará de lado los intereses de la ciudadanía. Un buen ejemplo del cambio de posturas se dio tras el cambio de gobierno en España de Aznar a Zapatero. Antes del cambio el PSOE estaba abiertamente en contra de la leyes que impulsaron el gobierno de Aznar para defender la propiedad intelectual a costa de restringir derechos de la ciudadania, como por ejemplo la LSSI, que incluso prometieron retirar cuando llegaran al gobierno. Tras el cambio de gobierno el PSOE cambió de postura y legislaron no para retirar dicha ley sino para endurecerla aún más, y en esa postura continúan. Y el PP a su vez, tras pasar a la oposición, asume la postura de defender a la ciudadanía y rechazar las leyes propuestas de ampliar las restricciones civiles que ellos mimos impulsaron y que ahora el gobierno quiere endurecer.

Total que, ¿que opciones tenemos con estos políticos y sus posturas cambiantes e incoherentes?

¿Tan desapercibidas pasan las posturas de los partidos españoles en Europa para que no parezcan contradictorias a la opinión pública?

¡Qué lejos que pilla y que complicado parece eso del parlamento europeo, sus comisiones, informes, votaciones y tratados!

Manifiesto, En defensa de los derechos fundamentales en internet

Por una cultura sostenible

El estado haciendo oídos sordos a las peticiones de los ciudadanos y presionado por las caducas multinacionales procopyright y los estados que las representan sigue en su empeño de aprobar el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible que pretende cerrar páginas web de enlaces en tan solo cuatro días mediante procedimiento administrativo. Ante lo cual muchos blogs vuelven a insistir repitiendo la publicación del manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet:

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

El parlamento europeo rechaza a ACTA

El parlamento europeo exige, mediante una resolución aprobada por 663 votos a favor y 13 en contra, a la comisión europea que las negociaciones referentes a ACTA dejen de llevarse en secreto y que se informe al parlamento como exige el Tratado de Lisboa.

ACTA es el tratado de comercio anti falsificaciones que Estados Unidos intenta imponer para defender sus multinacionales en todo el mundo. Contempla medidas represivas contra la población para defender los derechos de autor y la propiedad industrial por encima de derechos fundamentales de los ciudadanos. Un supuesto borrador de ACTA fue filtrado corroborando los temores mas pesimistas respecto a esta oscura negociación internacional.

ACTA se perfila como la raíz de que multitud de países europeos estén tomando medidas represivas para ilegalizar la copia privada y perseguir a los usuarios en internet, creando a su vez sistemas de retencion de las comunicaciones entre usuarios como ya obliga una directiva europea.

Otro importante golpe para este acuerdo internacional y su puesta en marcha en Europa se produjo en Alemania con la reciente ilegalización de la draconiana ley de retención de datos de comunicaciones por el tribunal constitucional alemán.

A partir de hoy, red y libertad

Red-SOStenible

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

  1. Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
  2. Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
  3. Establece un procedimiento punitivo «a la carta» para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
  4. Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos.
  5. Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
  6. De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
  7. Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fue aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

  1. Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);
  2. La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);
  3. El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);
  4. La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);
  5. Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Firmado Red SOStenible

http://Red-SOStenible.net

La Red Sostenible somos todos. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, bloguéalo, difúndelo.

Este año los reyes magos nos traen: CENSURA

#Manifiesto CC Eneko/20minutos

Este año el estado nos está preparando un regalo para empezar el año con buen pie y que nos acostumbremos a lo que se nos viene encima en los próximos tiempos.

Si ya el estado nos dio buenos indicios cuando se aprobó la Ley de Servicios de la Sociedad de Información (LSSI), dando pie a la censura administrativa de la web y posteriormente con cambios en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para intentar hacer ilegal el derecho a copia privada. Ahora en la Ley de Economía Sostenible (LES) el estado intenta puentear a uno de sus poderes díscolos, el poder judicial, para poder censurar las web por métodos administrativos, algo que siempre se ha venido a llamar censura pero que ahora tienden a llamar lucha contra la piratería.

Como el anteproyecto de ley levanto tanto revuelo en la red uniéndose alrededor del manifiesto, han intentado maquillar de mala manera el asunto sin cambiar ni una coma de la ley pero introduciendo la figura de un juez en el reglamento que desarrolla la ley. Hay que recordar que tal reglamento puede ser modificado en cualquier momento por el gobierno sin intervención ni siquiera del parlamento, de forma que cualquier garantía que se introduzca en el reglamento no ofrece ninguna garantía para la ciudadanía a largo plazo.

Pero a pesar de los cambios que se pongan en el reglamento el asunto se queda como estaba anteriormente, se quiere crear un organismo administrativo dependiente del ministerio de cultura que se dedicará a decir que páginas de internet se deben censurar y cual no. A partir de ahora podremos llamar al ministerio de cultura ministerio de la censura y todo el mundo entenderá a que nos referimos.
El reglamento dirá que cada vez que se propongan censurar una web el organismo administrativo preguntara a un juez si ellos mismos son competentes y si con la acción de cerrar esa página rompe algún derecho fundamental, si el juez les da la aprobación cerrarán la página web sin más. El juez no entrará en el fondo del asunto, no dictaminará si la página en cuestión hace algo ilegal o no ya que para eso no hace falta ninguna nueva ley, las cosas actualmente ya están así, pero bien es cierto que las páginas vienen ganando todos los juicios tanto civiles como penales, pues enlazar contenidos nunca puede ser ilegal. Así el organismo podrá cerrar las páginas webs sin que estas cometan ninguna ilegalidad.
Una vez censurada la web, el administrador de la página solo tendrá la opción de recurrir para ir a juicio y que un nuevo juez declare como es de esperar que no hacían nada ilegal en esa página, pero el juez lo dirá después de cinco o seis años de haberse cerrado la página por procedimiento administrativo así que no servirá de nada poder recurrir el cierre administrativo de una web. La justicia por desgracia en este país no está para defender a los ciudadanos.

Es previsible que el siguiente paso que se aproxima para instaurar la censura es regular los medios de comunicación en la web, para así proteger los medios de información tradicionales frente a los medios de información que se vienen creando vía internet y así poder el estado seguir ejerciendo el control de la información que se viene haciendo mediante la concesión de licencias para generar escasez y demás argucias.

Los Derechos Humanos de ciudadanos y artistas en la era digital

Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento

Fuente original: cforum.net

Nosotros, una amplia coalición de ciudadanos, usuarios, consumidores, organizaciones, artistas, hackers, miembros del movimiento por la cultura libre, economistas, abogados, profesores, estudiantes, investigadores, científicos, activistas, trabajadores, desempleados, emprendedores, creadores provenientes de más de 20 países…

08-12-2009

Invitamos a toda la ciudadanía a que haga suya esta Carta, a que la divulgue y a que la ponga en práctica.

Invitamos a todos los gobiernos, multinacionales e instituciones a que atiendan, comprendan e implementen urgentemente los contenidos de esta Carta

Contenidos

1. Introducción


La sociedad de la información y el nuevo contexto digital han supuesto una revolución en la forma de crear conocimiento y cultura, y, sobre todo, en la forma de acceder a ellos. Ciudadanos/as, artistas y consumidores/as han dejado de ser sujetos pasivos y aislados/as frente a la industria de producción y distribución de contenidos. Ahora cada persona colabora, participa y decide.

La tecnología, como puente, permite que las ideas y el conocimiento fluyan; acabando así con muchas de las barreras geográficas y tecnológicas que impedían compartir; proporcionado, además, nuevas herramientas educativas y propiciando la aparición de nuevas fórmulas de organización sociales, económicas y políticas. Esta revolución es comparable a la que provocó la imprenta.

A pesar de esto, la industria del entretenimiento, la mayoría de los proveedores de servicios de comunicaciones y los centros de poder siguen basando sus beneficios y su autoridad en el control de los contenidos, de las herramientas y de los canales de distribución, manteniendo una economía de la escasez. Y todo esto violando los derechos de los/as ciudadanos/as a la educación, al acceso a la información, a la cultura, a la ciencia y la tecnología, la libertad de expresión, la inviolabilidad de las comunicaciones y de la privacidad. La protección de intereses privados no debería permitirse cuando produce un atraso en el desarrollo de la sociedad en general, sin tener en cuenta el interés público.

No todas las instituciones, estructuras y convenciones del sistema actual sobrevivirán si no son capaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Las que sobrevivan se verán alteradas y redefinidas por la nueva realidad, y es posible que para ello necesiten esquemas de funcionamiento totalmente distintos.

Implicaciones políticas y económicas de la cultura libre

La filosofía de la «cultura libre» amplía drasticamente los espacios para la implicación ciudadana, permitiendo que un amplio abanico de personas y grupos participen y se impliquen en debates públicos. Refuerza la democracia y más tiempos donde más se necesita, como son tiempos de crisis. La cultura libre es una condición previa para hacer real la libertad de expresión, que a su vez es condición sine qua non para la existencia de la democracia. Ayuda a reducir la brecha digital, liberando el potencial democrático de las nuevas tecnologías.

La cultura libre potencia nuevos modelos de implicación ciudadana en la provisión de bienes públicos y de servicios basados en el procomún. El «gobierno del procomún» hace referencia a las reglas y los límites necesarios y acordados para gestionar la producción colectiva y el acceso a recursos compartidos. El gobierno del procomún reconoce e incorpora la participación, la inclusión, la transparencia, el acceso equitativo, y la sostenibilidad como objetivos a conseguir a largo plazo. Reconocemos el procomún como una forma distinta y deseable de gobierno, no necesariamente ligada a la forma convencional de actuar de las instituciones tradicionales, demostrando la fuerza actual de la sociedad civil.

Entendemos que la economía social, junto con el mercado, constituye una importante fuente de valor. La incorporación de una nueva y revitalizada idea del procomún a través de la tecnología digital (entre otros factores) amplía lo que entendemos por «economía» e insta a los gobiernos a respaldar el procomún al igual que respalda la economía de mercado. Para prosperar, el procomún sólo necesita igualdad de condiciones.

La actual crisis económica ha mostrado los límites de modelos anteriores. Por otro lado la filosofía de la cultura libre, heredada del software libre, es la mayor demostración empírica de que una nueva ética y una nueva empresa son posibles. Ha demostrado que existe una nueva forma de producción que funciona, basada en habilidades e intercambios, donde el/la autor/a o productor/a no pierde el control de la producción y puede liberarse de los mediadores en la producción y en la distribución. Y lo ha hecho basándose en la iniciativa individual, en la solidaridad con otros, con mecanismos de intercambio de acuerdo a las posibilidades y habilidades de cada persona, democratizando el conocimiento, en la educación, por medio de una producción y una distribución justa de los beneficios de acuerdo al trabajo realizado.

Expresamos nuestra preocupación por el bienestar de los/as artistas, investigadores/as, autores/as y otros productores/as creativos/as. En esta Carta proponemos varias fórmulas para recompensar colectivamente la creación y la innovación. El software libre, Wikipedia, las licencias libres en Net Labels o en editoriales de libros y otros muchos ejemplos muestran que el modelo de la cultura libre puede preservar la innovación y que no son necesarios monopolios del conocimiento para producir conocimiento.

La sostenibilidad de la producción de conocimiento y cultura depende significativamente del tipo de ‘producto’ (por ejemplo, los costes de una película son muy diferentes a los de una enciclopedia colaborativa en Internet). Entre los proyectos e iniciativas de cultura libre se pueden identificar varias vías para conseguir sostenibilidad. Algunas de estas vías ya están consolidadas, mientras que otras aún se encuentran en fase de pruebas. Un principio bastante extendido es que la combinación de varias vías de financiación garantiza una mayor independencia de los proyectos.

Los modelos para conseguir una producción cultural sostenible incluyen entre otros: donaciones e intercambios no monetarios (p.ej., regalos, banca y trueque de tiempo); financiación directa (p.ej., subscripciones y donaciones); capital compartido (p.ej., fondos de contrapartida, cooperativas de productores, inter-financiación / economía social, banca P2P, moneda virtual, financiación múltiple, capital abierto, cooperativas comunitarias o de consumidores); fundaciones que garantizan la infraestructura a los proyectos; financiación pública (p.ej., renta básica, fondos de mutua, becas, premios, subsidios, contratos públicos y comisiones); financiación privada (p.ej., inversiones de riesgo, acciones, patronazgo privado, fondo común de inversiones para negocios); actividades comerciales (incluyendo tanto bienes como servicios) y combinación de distribución P2P y streaming de bajo coste. La combinación de estas opciones supone un aumento de la viabilidad de los proyectos, tanto para creadores independientes como para la industria.

Deben existir reglas claras que promuevan el conocimiento común, protegiéndolo de formas de apropiación exclusiva y que prevengan la aparición de monopolios u oligopolios a raíz de dichas apropiaciones.

La era digital conlleva implícita la promesa histórica de un mundo más justo y beneficioso para todos.

Este es el objetivo de las propuestas desarrolladas a continuación.

3. Directrices para la educación y el acceso al conocimiento


El aprendizaje es un proceso de construcción social que tiene lugar mediante el intercambio de conocimiento, experiencia y de los diversos matices culturales. La cultura evoluciona a medida que el conocimiento impregna la sociedad. Entendemos la educación como un proceso social que implica un amplio abanico de actores educativos, tecnologías, entidades y actividades, no solamente las oficiales y formales. Nuestra visión de la educación busca fomentar una cultura de intercambio de conocimiento e innovación educativa que sea eficiente y sostenible, basada en los principios de esta Carta.

Para conseguirlo, necesitamos acciones e intervenciones políticas en las áreas que se detallan a continuación.

A. Empoderamiento de los educadores

La educación es una herramienta fundamental para mejorar nuestra sociedad y alcanzar el progreso de la humanidad. Debemos reconocer lo importante que es la labor de los educadores, quienes necesitan ser entrenados para hacer llegar a los estudiantes los valores de la cultura del compartir y el uso del software y el conocimiento libres en general. Por ello, instamos a las instituciones y comunidades educativas a:

  • Asegurar el entrenamiento y la asistencia técnica de los educadores para usar software libre y recursos educativos abiertos.
  • Asegurar que los educadores pueden dedicar una parte de su tiempo a aprender, mantener y colaborar en la composición de recursos educativos abiertos.
  • Construir nuevas comunidades de educadores para compartir conocimiento y experiencias, y poner en contacto las actuales comunidades.

B. Apoyo y concienciación

La imitación es el punto de partida del aprendizaje. Copiar y compartir conocimiento son principios fundamentales de cualquier proceso educativo. La cultura del compartir adopta estos principios en vez de desaconsejarlos. Por ello, instamos a las instituciones y comunidades educativas a:

  • Apoyar y subvencionar actividades para concienciar y educar en la cultura del compartir para promover una educación libre, distribuida y abierta. Mostrar casos prácticos en la educación como buenas prácticas y fomentar la creación de nuevos proyectos.
  • Otorgar becas para incentivar la producción de material revisado por los propios educadores, estudiantes, bibliotecarios/as y editoriales.

C. Material educativo

Los recursos educativos son una herramienta básica para la educación; su publicación abierta en el dominio público o bajo licencias libres facilita el acceso, estimula el progreso y la participación y atiende a la diversidad cultural, al mismo tiempo que maximiza la reutilización y la eficiencia. Por ello, instamos a las instituciones y comunidades educativas a:

  • Elaborar recursos educativos abiertos y material educativo libre.
  • Distribuir este material:
    • A través de Internet, usando repositorios bien estructurados, basados en estándares abiertos y fáciles de usar.
    • A través de copias impresas (p.ej., con las editoriales universitarias ya existentes) y haciéndolas llegar a las universidades públicas y a la gente con problemas económicos.
  • Publicar el material que ha disfrutado de financiación pública, de forma que se pueda reusar sin restricciones legales ni técnicas. Para ello, usar el dominio público o una licencia libre, preferiblemente con protección copyleft.
  • Traducir a varios idiomas y adaptar el material para darle la mayor difusión global posible.

D. Software y otras herramientas

El software libre permite estudiar y aprender conceptos en lugar de cajas negras, permite la transparencia en procesos de intercambio de información, asegura la competición y la innovación, proporciona independencia de intereses corporativos y hace crecer la autonomía de los/as ciudadanos/as.
El uso de estándares y formatos abiertos es esencial para asegurar la interoperabilidad técnica, establecer un marco de competencia a los proveedores de software, conseguir un acceso sin complicaciones a la información digital y mantener el conocimiento y la memoria social ahora y siempre. Por ello, creemos que:

  • Las instituciones educativas deberían usar software libre como herramienta de aprendizaje, como objetivo de aprendizaje en sí mismo y como base para su estructura tecnológica.
  • Todo el software desarrollado en un entorno educativo y financiado con fondos públicos debe ser publicado bajo una licencia libre.
  • Promover el uso de software libre en libros de texto como una alternativa al software privativo a la hora de realizar tareas relacionadas con el proceso de aprendizaje, como puede ser cálculo numérico, edición de imágenes, composición de documentos, etc., allí donde sea aplicable.
  • Desarrollar, publicar y promover herramientas libres de edición para elaborar y mejorar el material didáctico.
  • Deben rechazarse tecnologías del estilo de la Gestión Digital de Derechos (DRM, del inglés Digital Rights Management) para asegurar un acceso permanente a los recursos educativos y garantizar el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

E. Reconocimiento y certificación

Las nuevas formas de producción colectiva se encuentran actualmente en difusión en el sistema educativo, por lo que las habilidades y la experiencia adquirida de esta forma debe tomarse en cuenta en forma acreditaciones y certificaciones oficiales. Por ello, instamos a las instituciones educativas y a las autoridades a:

  • Crear mecanismos de certificación para reconocer la cultura del compartir y la educación abierta dentro del sistema educativo.
  • Integrar estas nuevas prácticas educativas con las que ya existen oficialmente.
  • Adaptar las políticas de investigación científica para que reconozcan los beneficios de las revistas de acceso libre y el archivado propio, para reforzar las dinámicas del debate científico y la calidad de la retroalimentación.

F. Educación entre pares y colaboración entre educadores y estudiantes

Las barreras entre quien aprende y quién enseña cada vez son más bajas y empiezan a aparecer nuevos métodos educativos. Las comunidades abiertas y la participación en procesos de producción entre pares son de enorme valor para el aprendizaje. Por ello, instamos a las instituciones y comunidades educativas a:

  • Fomentar el trabajo en colaboración entre profesores y estudiantes para producir conocimiento.
  • Estimular a los estudiantes para que se impliquen en enseñar a sus compañeros.
  • Compartir las atribuciones entre los educadores y los estudiantes.
  • Promover el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre los educadores de distintos campos.

G. Conocimiento científico y académico

Las publicaciones de libre acceso permiten el acceso a los resultados de investigaciones científicas, tanto a los propios científicos como a la sociedad en general; aumentan las posibilidades de aprender y permiten que diversas disciplinas compartan sus resultados. Por ello, creemos que:

  • Las universidades y los centros de investigación deberían adoptar el modelo de libre acceso para la publicación de resultados de investigaciones.
  • Debería desaconsejarse el uso de patentes en los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos. Las patentes propiedad de instituciones públicas deben publicarse irrevocablemente, libres de pago por derechos de autor y de otras restricciones.

4. Necesidades estructurales para una sociedad del conocimiento


Privacidad

Los/as ciudadanos/as tienen derecho a:

  • Navegar por Internet y acceder a sus contenidos de manera anónima.
  • No revelar sus claves privadas o descifrar sus datos.
  • Decidir en cualquier momento trasladar, modificar o cancelar sus datos de usuario de cualquier servicio de Internet.
  • No sufrir interceptación alguna de sus comunicaciones, excepto bajo orden judicial previa, y a cifrar sus comunicaciones a cualquier nivel, sin limitaciones en la clave o el algoritmo utilizado.
  • No recibir mensajes no solicitados.

Derecho a las redes: libertad de uso, creación y conexión

  • La sociedad civil y la administración pública han de tener el derecho a proveer e implementar servicios de conexión a redes, incluyendo aquellos ofrecidos de manera gratuita y sin condiciones a los ciudadanos.
  • Los ciudadanos deben tener derecho a conectarse a redes libres sin ninguna restricción (hardware libre, tethering, etc.).

Infraestructuras y regulación del mercado

  • Neutralidad: la neutralidad de la Red debe ser garantizada (léase Glosario de términos y Demandas legales sección C, para una definición más precisa).
  • Simetría: los proveedores de acceso a Internet deben garantizar conexiones simétricas o una proporción de carga/descarga razonable. Debería existir un acceso a la banda ancha (ITU-i113) como servicio universal para los ciudadanos.
  • Diversidad: deberían evitarse los monopolios en las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones. Los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a más de un proveedor (público o privado) y a que la oferta de este servicio de banda ancha no esté vinculada a la adquisición de otros productos o servicios. En todo caso la ciudadanía tiene derecho a disponer de sistemas, medios e infraestructuras que permitan el acceso libre a Internet («dividendo digital»).
  • Los proveedores de telecomunicaciones deben satisfacer las velocidades de acceso acordadas contractualmente; en los contratos prepago, sólo debe pagarse el tráfico que sea explícitamente transferido o demandado por el usuario. Los proveedores tienen que garantizar a los ciudadanos la opción de tarifa plana.

Administración pública

  • El sector público, los proyectos financiados con fondos públicos y aquellos que impliquen a los ciudadanos por ley o de manera que afecte sus derechos fundamentales, deberían usar siempre software libre y estándares abiertos.
  • Cuando no exista una solución libre o estándares abiertos, el gobierno o la administración pública competente debería promover el desarrollo del software que sea necesario. Mientras tanto, para garantizar el proceso democrático en su conjunto, sólo deben usarse las soluciones que puedan someterse a una auditoría pública.
  • Los resultados de desarrollos financiados por fondos públicos deben publicarse siempre bajo una licencia de software libre y de código abierto y todas las patentes publicadas libres de pago de derechos de autor y otras restricciones.
  • Los gobiernos deben garantizar un acceso gratuito a Internet no exclusivo, independientemente del lugar de residencia de cada ciudadano/a; como mínimo del nivel necesario para que el/la ciudadano/a pueda involucrarse en la democracia e interactuar con sus instituciones públicas.

Cómo debería procederse en la administración pública en temas de evaluación y compra de software

  • La compra pública de software debería evaluar el coste total de su uso, incluyendo los costes de dejar de usarlo y de migrar a un software alternativo.
  • La contabilidad pública debería distinguir claramente los costes de las licencias de software, el mantenimiento, el soporte técnico, y el servicio, desvinculándolos de los del hardware.

5. Glosario de términos


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6. Referencias


Introducción

Documentos y fuentes legales

Declaraciones pasadas en relación con la educación y el acceso al conocimiento

7. Miembros de FCForum


1 eXgae
2 Networked Politics
3 Mayo Fuster Morell
4 P2P Foundation
5 Michel Bauwens
6 Consumers International
7 Electronic Frontier Foundation (EFF)
8 David Bollier
9 Knowledge Ecology International / James Love
10 Free Knowledge Institute (FKI)
11 La Quadrature du Net
12 ScambioEtico
13 Pirat Partiet/Amelia Andersdotter
14 European Digital Rights (EDRI)
15 Creative Commons España/ Ignasi Labastida
16 Transnational Institute/Hilary Wainwright
17 Students for Free Culture
18 Jose Murilo
19 Nagarjuna G.
20 John Howkins
21 Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII)/ Alberto Barrionuevo
22 ALQUA
23 Isaac Hacksimov
24 Dyne.org Foundation/Denis Jaromil Roio
25 The Open Standards Alliance/Stefan Marsiske
26 David Evan Harris
27 David Hammerstein
28 Joan Subirats
29 Fundación Karisma
30 Carlos Sanchez Almeida
31 Conservas
32 FLOSS Manuals
33 David Maeztu
34 Josep Jover
35 Patricia Vila
36 Javier Candeira
37 IT-Political Association
38 ScriptumLibre
39 Felix Stalder
40 Franziska Heine
41 Dmytri Kleiner
42 Anne Ostergaard
43 Jack J. Marxer
44 Alan Toner
45 Roberto Santos
46 Asociación de Internautas / Javier Cuchi
47 Epidemia / Pablo Ortellado
48 Kim Tucker
49 La Casa Invisible
50 Margarita Padilla
51 Guifi
52 Mario Pena
53 Traficantes de Sueños
54 Platoniq
55 Yproductions
56 Jamie King
57 Vittorio Bertola
58 Marco Berlinguer
59 Universidad Nómada
60 ASACC / Carmen Zapata
61 REEM
62 Toni Verger
63 Science, Education and Learning in Freedom (SELF)
64 Ignacio de Castro Arribas
65 Maria Claudia de Azevedo Borges
66 Exit
67 CSDVA
68 La impròpia
69 David Moreno
70 Josean Llorente

8. Adhesiones

1 On the Commons
2 Jimmy Wales
3 Gnowledge lab
4 Free Software Foundation India
5 Wikileaks
6 Javier de la Cueva
7 Gabriella Coleman
8 Iuridicum Remedium
9 Openelibrary
10 Telematics Freedom Foundation
11 Rule of Law Institute
12 Water Forum
13 Miss Despoinas Hackspace/Nancy Mauro-Flude
14 Daniel Mietchen
15 Observatori per a la CiberSocietat
16 Podem.cat/Enric Duran
17 Matusa Barros
18 Santiago Eraso Beloki

Si quieres sumarte a esta Carta, difúndela por Internet

Continua …

9. Licencia dual


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Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 Unported.
Licencia de documentación libre de GNU (en).

Manifiesto «En defensa de los derechos fundamentales en internet»

Por una cultura sostenible

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

NOTA: Este manifiesto fue redactado conjuntamente por periodistas, bloggers e internautas, en una maratoniana sesión durante la tarde-noche de ayer. Si estás de acuerdo, difúndelo por todas las vías que puedas.

Manifiesto visto en numerosos webs y páginas que sigo como: alt1040.com, bandaancha.eu, barrapunto.com, bitelia.com, enriquedans.com, genbeta.com, mangasverdes.es y supongo que muchas otras.

Y al final nos metieron el paquete

Esta Europa no

El comité de conciliación sobre el paquete telecom formado por representantes del parlamento y del consejo europeo llegaron a un acuerdo sobre el texto que previsiblemente será aprobado. Como era de esperar dejaron de lado los derechos de los ciudadanos y se cargaron la enmienda 138/46, que exigía una orden judicial para poder tomar medidas contra los internautas que compartimos obras culturales protegidas por derechos de autor en la red haciendo uso del derecho a copia privada. La escusa de los políticos europeos para no defender los derechos de los ciudadanos es que la unión europea no tiene competencias para poder obligar a los estados a este extremo y por tanto debe ser cada estado el que legisle las posibles acciones que se puedan tomar contra los internautas y la forma de vulnerar el derecho fundamental de privacidad de las comunicaciones.

En España afortunadamente el derecho a la privacidad de las comunicaciones está recogido en la constitución en su articulo 18.3 por lo que realmente la posibilidad de poder espiar a los internautas sin intervención judicial es nula.

A pesar de destruir la enmienda 138 tampoco se ha aprobado la propuesta contraria que permitía que leyes como la francesa Hadopi o la inglesa de los tres avisos sigan su curso ya que se ha creado un nuevo texto garantista que a pesar de no exigir la intervención judicial exige un proceso con muchas garantías, el texto adoptado se puede leer en la noticia publicada por la asociación de internautas.

Así el paquete telecom quedo como suelen quedar las cosas por Europa, de un todo gris, no conceden todo lo que pedían a las multinacionales como pensábamos los más pesimistas que iba a ocurrir, pero si que lastiman los derechos de los europeos dejando de lado derechos fundamentales avalados por la declaración universal de los derecho humanos.

Otro tema importante del paquete telecom es como afectará esta nueva ley a la neutralidad en la red, pues ni siquiera se menciona en el texto tal concepto, concepto que prácticamente define la red. De tal forma la nueva legislación pasa del tema de la neutralidad que las medidas para acabar con ella son perfectamente válidas y permitidas. Esperemos que en este aspecto Europa tome nota de la opción tomada en Estados Unidos de defender la neutralidad en la red por encima de cualquier otra consideración a pesar de las presiones de las multinacionales.

Se me olvidaba destacar el tratamiento en los medios que ha tenido la noticia del acuerdo sobre el paquete telecom, casi todos los medios destacan en su titular que ahora ya cualquier internauta podrá ser desconectado de internet por descargar contenidos protegidos por derechos de autor. Esta suele ser la línea editorial que tienen la mayoría de medios pues suelen pertenecer a grupos empresariales de la industria de los contenidos, los mismos que presionan a los políticos por acabar con los derechos de los ciudadanos para proteger sus intereses económicos. Su línea editorial se basa en meter el miedo en el cuerpo a los internautas y como suele ser habitual llamarlos piratas. La mala interpretación de la noticia sobre todo se da si el lector se queda solo en leer el titular y no lee el cuerpo completo de la noticia ya que en el cuerpo generalmente desarrollan la noticia dando al traste con el espectacular titular.

Europa de nuevo intentando cargarse la neutralidad de la red

Esta Europa no

Después de un pequeño descanso vacacional el parlamento europeo empieza de nuevo a conspirar para cargarse la neutralidad de la red intentando que los ciudadanos no se enteren demasiado del asunto como suele ser ya lo habitual.

La estupidez que suponen las patentes de software

Stop software patents

Las patentes de software suponen conceder a una empresa el monopolio sobre un algoritmo de forma que ninguna otra empresa puede usar dicho algoritmo a no ser que obtenga el permiso para usarlo. Van mucho mas allá del copyright, que protege determinado código, para proteger una idea y no una implementación de la idea.

El resultado práctico de las patentes es que las grandes empresas informáticas se hacen con el control de los algoritmos impidiendo así la competencia de las pequeñas y nuevas empresas que pudieran surgir, haciendo que el desarrollo de software sea una actividad peligrosa pues no hay ninguna garantía que al desarrollar un nuevo programa se estén violando patentes que estén registradas, es más, seguramente sea ya imposible escribir ningún programa medianamente grande que no infrinja muchísimas patentes. Por contra las patentes no les suponen inconvenientes a las grandes empresas pues si otra empresa les denuncia por usar una de sus patentes estas contraatacarían con sus propias patentes denunciando asimismo por usarlas a la empresa denunciante, con lo que las grandes empresas están protegidas por el poder que supone tener sus propias patentes, de hecho suelen hacer un licenciamiento cruzado de sus patentes para estar seguros de que no se denunciaran entre ellas.
No obstante han surgido empresas cuya única finalidad es el registro de patentes y no les importa en si nada el desarrollo de software. Este tipo de empresas si que suponen un cierto peligro para las grandes empresas pues no les importa denunciar a cualquier empresa que use sus patentes, de hecho esta es su finalidad, denunciar a cualquiera que use sus patentes para así tener que forzar un acuerdo y llevarse una gran suma de dinero en forma de indemnización compensatoria.

Recientemente se ha producido una sentencia en Estado Unidos contra Microsoft prohibiéndole seguir comercializando Word y teniendo que indemnizar con una gran suma de dinero a la empresa propietaria de una patente relacionada con el uso de XML en los documentos de texto. Sucesos como este demuestran la estupidez que suponen las patentes de software. Seguramente Microsoft conseguirá seguir vendiendo Word sea como sea, cosa que no podría conseguir una pequeña empresa sin un poder económico importante.

Afortunadamente en Europa no se pueden registrar patentes de software es solo cosa de los Estados Unidos y Canadá este despropósito en el desarrollo de software destinado a proteger a sus multinacionales y coartar el surgimiento de nuevas empresas.

Las patentes de software son en especial un freno importante para el desarrollo de software libre al crear inestabilidad jurídica al que lo desarrolla pero sobre todo al que lo usa. Que un algoritmo este patentado implica directamente que no pueda implementarse con software libre de forma legal, de esto hay muchos ejemplos como por ejemplo los formatos de compresión rar y ace, los algortimos de compresión de audio mp3, wma, los códec de video como MOV, WMV o DivX, etc.
Con este viciado entorno legal la única forma defenderse es utilizar el mismo sistema de contraatacar con sus propias patentes así se creo una organización sin ánimo de lucro como iniciativa de grandes empresas como IBM, Sony, Philips, Novell y Red Hat llamada Open Invention Network para defender el software libre de posible demandas relacionadas con patentes.

Actualización: Como era de esperar la prohibición de vender word no iba a durar mucho, Microsoft ya puede seguir vendiendo Office en EEUU