Este año el estado nos está preparando un regalo para empezar el año con buen pie y que nos acostumbremos a lo que se nos viene encima en los próximos tiempos.
Si ya el estado nos dio buenos indicios cuando se aprobó la Ley de Servicios de la Sociedad de Información (LSSI), dando pie a la censura administrativa de la web y posteriormente con cambios en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para intentar hacer ilegal el derecho a copia privada. Ahora en la Ley de Economía Sostenible (LES) el estado intenta puentear a uno de sus poderes díscolos, el poder judicial, para poder censurar las web por métodos administrativos, algo que siempre se ha venido a llamar censura pero que ahora tienden a llamar lucha contra la piratería.
Como el anteproyecto de ley levanto tanto revuelo en la red uniéndose alrededor del manifiesto, han intentado maquillar de mala manera el asunto sin cambiar ni una coma de la ley pero introduciendo la figura de un juez en el reglamento que desarrolla la ley. Hay que recordar que tal reglamento puede ser modificado en cualquier momento por el gobierno sin intervención ni siquiera del parlamento, de forma que cualquier garantía que se introduzca en el reglamento no ofrece ninguna garantía para la ciudadanía a largo plazo.
Pero a pesar de los cambios que se pongan en el reglamento el asunto se queda como estaba anteriormente, se quiere crear un organismo administrativo dependiente del ministerio de cultura que se dedicará a decir que páginas de internet se deben censurar y cual no. A partir de ahora podremos llamar al ministerio de cultura ministerio de la censura y todo el mundo entenderá a que nos referimos.
El reglamento dirá que cada vez que se propongan censurar una web el organismo administrativo preguntara a un juez si ellos mismos son competentes y si con la acción de cerrar esa página rompe algún derecho fundamental, si el juez les da la aprobación cerrarán la página web sin más. El juez no entrará en el fondo del asunto, no dictaminará si la página en cuestión hace algo ilegal o no ya que para eso no hace falta ninguna nueva ley, las cosas actualmente ya están así, pero bien es cierto que las páginas vienen ganando todos los juicios tanto civiles como penales, pues enlazar contenidos nunca puede ser ilegal. Así el organismo podrá cerrar las páginas webs sin que estas cometan ninguna ilegalidad.
Una vez censurada la web, el administrador de la página solo tendrá la opción de recurrir para ir a juicio y que un nuevo juez declare como es de esperar que no hacían nada ilegal en esa página, pero el juez lo dirá después de cinco o seis años de haberse cerrado la página por procedimiento administrativo así que no servirá de nada poder recurrir el cierre administrativo de una web. La justicia por desgracia en este país no está para defender a los ciudadanos.
Es previsible que el siguiente paso que se aproxima para instaurar la censura es regular los medios de comunicación en la web, para así proteger los medios de información tradicionales frente a los medios de información que se vienen creando vía internet y así poder el estado seguir ejerciendo el control de la información que se viene haciendo mediante la concesión de licencias para generar escasez y demás argucias.